La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), señaló omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017.
Integrantes de esta comisión independiente señalaron que existen al menos 116 denuncias y quejas sin avanzar en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fraudes y abusos cometidos contra las familias afectadas.
Mientras tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció opacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales en la aplicación de recursos para atender a los damnificados.
Asimismo la organización desmintió la versión oficial de que la reconstrucción de las áreas siniestradas lleve un avance del 80%, esto tras realizar una investigación y un balance sobre la situación que priva en las zonas afectadas, principalmente de la región sur de la entidad.
Juliana García Quintanilla, coordinadora la comisión, explicó que las familias todavía padecen estrés postraumático por la pérdida de familiares o amigos, por la destrucción de sus viviendas, por las condiciones de precariedad en las que sobreviven por la falta de servicios públicos elementales como agua potable y energía eléctrica, y por la pérdida de sus comercios.
García dijo que ante esta situación ninguna autoridad implementó un programa de atención psicológica, ni tampoco de orientación jurídica administrativa, porque a un año del sismo los damnificados sufren todavía secuelas a un año de la tragedia y muchos de ellos fueron víctimas de defraudadores y de abusos.
Por tales motivos la comisión consideró indispensable que la FGE y la Profeco avancen en las quejas y denuncias para sancionar a los responsables de los fraudes y abusos.
Así como verificar si efectivamente los recursos se usan para la reconstrucción. Explicaron que es importante que debe implemente un programa de empleo y apoyo psicosocial, y se genere un protocolo de seguridad y prevención, así como capacitación para la atención de este tipo de contingencias.